América Latina y el Caribe

Leer más sobre el trabajo de promoción basado en datos del socio de EM2030, CLADEM, y sobre el desempeño de ALC en el Índice de Género de los ODS.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujeres (CLADEM), es una red de organizaciones y activistas por los derechos de las mujeres, que se estableció en 1987 en Costa Rica después de una secuencia de debates en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas en Nairobi. CLADEM promueve los derechos humanos de las mujeres y las cuestiones de igualdad de género mediante el seguimiento de tratados internacionales, proponiendo reformas legislativas, realizando investigaciones y capacitación, y organizando acciones grupales cuando sea necesario. La clave para la capacidad de CLADEM de monitorear la legislación y las políticas relacionadas con el género, así como de llevar a cabo su propio trabajo de promoción y campaña, son los datos y la evidencia.


Leer más sobre el trabajo de promoción basado en datos de CLADEM.

Sobre la igualdad de género en ALC:

Puntaje del índice en 2020: 67,6

Puntaje del índice en 2015: 67,0

Estado: “Ningún progreso” desde 2015 y puntaje general “bajo”

Resultados

La región de América Latina y el Caribe obtuvo el segundo puntaje más alto en el Índice de Género de los ODS de 2022 de las cinco regiones analizadas; sin embargo, su puntaje general solo ha aumentado poco más de medio punto desde 2015. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la región ha alcanzado sus mayores puntajes para el ODS 7 de energía limpia con 86 puntos, que se considera “bueno”, y el ODS 6 de agua con 84 puntos, también “bueno”.

Desde 2015, se ha registrado un “progreso rápido” en el ODS 5 de igualdad de género. En relación con el ODS 5, Costa Rica obtuvo el mayor puntaje, 84 puntos, en 2020, México ha subido 14 puntos gracias al avance en la representación de mujeres en el Parlamento (indicador 5.4) y en cargos ministeriales (indicador 5.5). La región ha tenido un desempeño “muy bajo” en relación con las bases legales para el aborto (indicador 5.3) con tan solo 30 puntos.

Si bien América Latina y el Caribe ha hecho un “progreso rápido” considerable en cuanto al ODS 9 de innovación y “algún progreso” en cuanto al ODS 16 de justicia y al ODS 17 de alianzas, ha obtenido puntajes “muy bajos” en los tres objetivos en 2020. El puntaje regional para el ODS 13 de clima también genera preocupación dado que, desde 2015, ha avanzado en la “dirección equivocada”.

En relación con el ODS 4 de educación, no ha habido “ningún progreso”, mientras que dos tercios de los países de región no han tenido “ningún progreso” o bien han avanzado en la “dirección equivocada” en cuanto al ODS 3 (Salud), con disminuciones de hasta 5 puntos en Venezuela. La calificación de “disminución” o “ningún progreso” en el ODS 1 de pobreza abarca prácticamente a toda la región; solo Chile, Honduras y Paraguay han hecho avances. De modo similar, solo dos países de América Latina y el Caribe han progresado en relación con el ODS 11 de ciudades sostenibles.

Las grandes desigualdades y disparidades estructurales siguen demorando el progreso en el ODS 10 de desigualdades, donde dos de los cinco indicadores avanzan en la “dirección equivocada”. Mientras tanto, el avance en la “dirección equivocada” en cuanto a la percepción de las mujeres sobre el precio de la vivienda (indicador 11.1), sobre los ingresos del hogar (indicador 1.4) y sobre el costo de los alimentos (indicador 2.4) podría explicar el estancamiento o la disminución del progreso en relación con algunos objetivos.

Todas estas disminuciones preceden a la covid-19. Los datos indican que ha habido un aumento de pobreza y desigualdad desde 2020, mientras que la inseguridad alimentaria —muy vinculada a la extrema pobreza— afectó al 40% de la población en 2020 en comparación con, aproximadamente, el 34% en 2019.

Si consideramos el desempeño general de cada país, ni siquiera los países de América Latina y el Caribe que han obtenido los mayores puntajes (Uruguay, Costa Rica y Argentina) han logrado un “progreso rápido” desde 2015. En cuanto a los países con los puntajes más bajos, Venezuela ha avanzado en la “dirección equivocada” y tanto Honduras como Guatemala han registrado “algún progreso”.

Reflexiones del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujeres (CLADEM)

El Índice de Género de los ODS de 2022 muestra que la región de América Latina y el Caribe ha tenido el progreso general más lento a nivel mundial desde 2015. A pesar de haber mejorado su desempeño en algunos indicadores y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) —como el ODS 5 sobre igualdad de género y el ODS 8 sobre trabajo— los desafíos estructurales que ha enfrentado la región históricamente explican su estancamiento e incluso retroceso en temas clave de igualdad de género.

La pobreza, la desigualdad, la corrupción, el autoritarismo, los conflictos armados, los delitos y la violencia urbana, los sistemas fragmentados de protección social, y las políticas fiscales y económicas regresivas han generado malestar social en toda la región lo que, a su vez, ha repercutido en el progreso  hacia la igualdad de género. La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado estos problemas estructurales y ha expuesto la fragilidad del progreso alcanzado.

Es fundamental abordar la violencia generalizada contra las niñas y las mujeres en la región. La persistencia de normas y estereotipos de género nocivos da lugar a la tolerancia social de la violencia, leyes discriminatorias, así como la aplicación ineficaz y la falta de justicia para las niñas y las mujeres. Tres de los cinco países de la región que obtuvieron los puntajes más bajos en el ODS 16 sobre justicia —México, Guatemala y Honduras— enfrentan una gran impunidad dentro del sistema de justicia. También se encuentran entre los países con mayor número de femicidios (indicador. 16.2) de la región. Los esfuerzos para prevenir y erradicar todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual contra niñas y adolescentes han sido insuficientes, mientras que los movimientos antiderechos en América Latina y el Caribe siguen impidiendo el acceso al aborto legal y seguro (indicador. 5.3) – el indicador de más bajo desempeño en el ODS 5 sobre igualdad de género para la región – a pesar de las alarmantes tasas de embarazos forzados de niñas y adolescentes.

Las mujeres en trabajos vulnerables (indicador. 8.2) es otro asunto que exige soluciones urgentes para revertir las tendencias del Índice. Una investigación realizada por la CEPAL y ONU Mujeres indica que la COVID-19 ha empeorado aún más la situación de las mujeres en este indicador y ha agudizado la distribución desigual del trabajo de cuidados. La pandemia ha llevado a impulsar mayores esfuerzos de incidencia para implementar sistemas de cuidados integrales —que aseguren el acceso a las personas que los necesitan y garanticen los derechos de quienes brindan los cuidados— a fin de empoderar a las mujeres e impulsar la recuperación socioeconómica de América Latina y el Caribe.

Por último, la región enfrenta importantes desafíos vinculados al cambio climático (ODS 13) y los crecientes flujos migratorios. El desplazamiento forzado (interno y transfronterizo) en la región ha aumentado significativamente debido a las crisis ambientales, la violencia y los conflictos, que afectan de modo desproporcionado a las niñas y las mujeres de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.