De los datos a la dignidad: lo que revela el estudio de SAHAJ sobre los derechos de las personas trans y la nueva Ley Trans
En toda la India, las personas trans y de género diverso siguen librando una doble batalla: por el reconocimiento legal y por el derecho a vivir con dignidad. En Gujarat, el reciente estudio de la Fundación SAHAJ–Foram sobre el acceso de las personas trans a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SRHR) ofrece una visión crítica basada en datos sobre esta lucha. Basado en los principios de la investigación feminista y guiado por las voces de la comunidad, este estudio pone de manifiesto las deficiencias de nuestros sistemas de salud y gobernanza, que probablemente se agravarán con la nueva Ley de Personas Transgénero de 2026.
A medida que nos acercamos al plazo de 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 3 sobre salud y el ODS 5 sobre igualdad de género, esta investigación plantea una pregunta contundente: ¿a quién se refiere «todos» en el lema «no dejar a nadie atrás»?
Un marco feminista de participación y validación
La investigación es significativa no solo por lo que descubrió, sino por cómo se llevó a cabo. El estudio se inició mediante consultas con representantes trans que identificaron las cuestiones de salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR) que deseaban que se respondieran, y se mantuvo validado por la comunidad en las etapas de diseño, interpretación y difusión.
Veinticuatro entrevistas en profundidad realizadas en Ahmedabad, Surat y Vadodara dieron voz a hombres trans, mujeres trans y comunidades hijra. Cada historia reflejaba cómo la exclusión sistémica de los servicios de SDSR agrava otras formas de marginación económica y social.
Un panorama de negación: lo que dicen los datos
«No pensaba que me encontraría con tantos problemas… No pude encontrar ni una sola vivienda en esta ciudad. La gente me decía: “¿Eres transgénero? No, no, no podemos darte la casa”. Había una señora, la casera. Me rechazó. Le pregunté: “¿Por qué me rechaza? Estoy dispuesta a pagarle lo que pide”. Ella dijo: “Si te quedas aquí, vendrán otros como tú”. … Fue muy duro para mí. Estos problemas existen de verdad. No puedes encontrar una casa; no puedes encontrar un trabajo». (R22, persona transgénero de 21 años)
Las observaciones de Gujarat reflejan patrones visibles en toda la India: deficiencias sistémicas en el acceso, la información y la atención respetuosa.
- Acceso a la atención sanitaria de reafirmación de género: Solo tres distritos de Gujarat —Ahmedabad, Vadodara y Surat— ofrecen tratamientos de reafirmación de género a través de centros públicos. Para la mayoría de las personas trans del estado, las cirugías esenciales y las terapias hormonales siguen siendo inaccesibles, inasequibles y mal comunicadas.
- Lagunas de conocimiento e información inadecuada: Las personas trans y hijras encuestadas a menudo se enteraban de los tratamientos a través de sus pares, no de los médicos. La desinformación sobre las opciones quirúrgicas, los efectos secundarios de las hormonas y los cuidados posteriores era generalizada, lo que ponía de manifiesto la incapacidad del sistema médico para proporcionar una orientación precisa y afirmativa.
- Implicaciones económicas: Las cirugías de reasignación de género cuestan entre 240 000 y 500 000 rupias (entre 2500 y 5000 dólares estadounidenses), un coste muy por encima del alcance de la mayoría de los participantes, lo que empuja a varias mujeres trans a realizar trabajos clandestinos para financiar sus transiciones médicas.
- Discriminación en todas las instituciones: La violencia por parte de la familia, el rechazo en las escuelas y los lugares de trabajo, y la denegación de alojamiento constituían el telón de fondo de casi todas las historias de vida. Para muchas, acceder a la atención sanitaria básica significaba lidiar con el miedo y la humillación.
- Escasez de datos: El estudio también pone de relieve un problema estructural más profundo: la invisibilidad casi total de los datos sobre salud trans en las estadísticas oficiales de la India. Sin datos desglosados, las personas trans siguen siendo invisibles en los discursos «universales» sobre la salud, lo que hace casi imposible llevar a cabo intervenciones políticas basadas en los derechos.
La promesa frente a la realidad: el contexto de la nueva Ley de Personas Transgénero
La sentencia de la NALSA de 2014 había suscitado la esperanza de que la India pudiera avanzar hacia una concepción de la identidad de género basada en los derechos, fundamentada en la autoidentificación, la dignidad y la no discriminación. Sin embargo, la nueva Ley de Personas Transgénero pone en tela de juicio esa premisa.
La ley revisada introduce una junta médica en el proceso de reconocimiento legal, sustituyendo el principio de autoidentificación basado en los derechos. Ese cambio tiene una gran importancia. Traslada la autoridad sobre la identidad de género de la persona al Estado y a los guardianes médicos, creando un sistema en el que las personas trans deben volver a demostrar quiénes son para ser reconocidas.
Para una comunidad que ya se enfrenta a retrasos, barreras económicas y un acceso irregular a la atención sanitaria, este no es un cambio administrativo neutro. Se corre el riesgo de agravar la exclusión al hacer que la identidad legal dependa de un sistema sanitario sobrecargado, de la certificación médica y de la discrecionalidad burocrática. También aumenta la exposición a la revelación involuntaria de la identidad, el estigma y el rechazo, especialmente para las personas que ya evitan revelar su identidad en entornos sanitarios debido a la falta de respeto, al uso incorrecto de los pronombres de género o a preocupaciones sobre la privacidad.
El estudio de SAHAJ muestra por qué esto es importante: las personas encuestadas ya se enfrentaban a importantes barreras para acceder incluso a la atención básica y de reafirmación de género, incluyendo la disponibilidad limitada de servicios, la falta de asesoramiento informado y un seguimiento deficiente. En ese contexto, dar mayor importancia a la certificación probablemente intensifique el daño en lugar de ampliar los derechos.
Desde una perspectiva de política feminista, la cuestión no es simplemente si existe un certificado. La pregunta más profunda es: ¿quién define la condición de persona y qué poder institucional se ejerce sobre los cuerpos estructuralmente excluidos? Los datos de la investigación muestran que las personas trans no piden un trato excepcional; piden sistemas que funcionen, las respeten y las reconozcan como ciudadanas con derechos.
Esto incluye:
- atención sanitaria de reafirmación de género oportuna, asequible y descentralizada;
- profesionales formados que comprendan las diferentes identidades trans y necesidades de salud;
- privacidad y no discriminación en los hospitales públicos;
- educación sexual integral en las escuelas;
- vivienda segura, educación y oportunidades laborales;
- y un diseño de políticas que incluya a las organizaciones lideradas por personas trans en todas las etapas.
- No se trata de «intereses especiales». Son las condiciones esenciales para una ciudadanía en igualdad de condiciones.
Lo que exigen los datos
El estudio presenta argumentos sólidos a favor de la adopción de medidas políticas en cuatro ámbitos. En primer lugar, la asistencia sanitaria debe descentralizarse más allá de unos pocos centros urbanos, con al menos un hospital equipado o un punto de derivación en cada distrito, incluyendo servicios de asesoramiento y seguimiento. En segundo lugar, los profesionales sanitarios necesitan formación sobre las necesidades de salud específicas de las personas trans, incluyendo la comunicación, la confidencialidad, la terapia hormonal, los cuidados posoperatorios y la salud reproductiva.
En tercer lugar, los sistemas públicos deben dejar de tratar la identidad trans como un problema que hay que certificar y, en su lugar, reconocer la autodeterminación como la base de la dignidad y el acceso. En cuarto lugar, los programas gubernamentales y de RSE deberían financiar sistemas de apoyo liderados por personas trans y arraigados en la comunidad, ya que el estudio muestra claramente con qué frecuencia las ONG se convierten en los únicos espacios seguros y de acogida disponibles.
La Ley va en la dirección opuesta. Amplía la supervisión estatal sobre la identidad en lugar de ampliar el acceso a la atención y la inclusión. Por eso son tan fuertes las preocupaciones de la sociedad civil: la nueva Ley corre el riesgo de generar más papeleo, más controles de acceso y más vulnerabilidad sin abordar las barreras reales a las que se enfrentan las personas trans. Las pruebas ya son claras. Lo que queda es la voluntad política para actuar en consecuencia.
